NOBOA DESTRUYE LA SALUD: Diálisis en caos por la mentira presupuestaria y mala gestión gubernamental

Описание: PACIENTES QUE NO RECIBEN DIALISIS PROTESTAN EN LOS RIOS (VENTANAS)
La enfermedad renal crónica (ERC) se ha consolidado como uno de los problemas de salud pública más costosos y estructuralmente rígidos del Ecuador. Pese a que la evidencia médica internacional y local demuestra que el trasplante renal ofrece mejores resultados clínicos, mayor calidad de vida y un menor costo acumulado a mediano y largo plazo, el sistema de salud continúa priorizando la diálisis como estrategia dominante. Esta decisión no responde a una falta de conocimiento técnico, sino a la forma en que están organizados los incentivos institucionales, presupuestarios y políticos del sistema sanitario, particularmente bajo la gestión del actual gobierno.
En 2025, bajo la administración de Daniel Noboa, el Ministerio de Salud Pública ejecutó aproximadamente 2.015 millones de dólares, muy por debajo de la proforma aprobada por la Asamblea. Dentro de ese presupuesto efectivamente ejecutado, el gasto anual en diálisis —estimado en alrededor de 360 millones de dólares— representa cerca del 18 %. Es decir, casi uno de cada cinco dólares que realmente gasta el Estado en salud pública se destina a un solo tratamiento crónico, no curativo, altamente dependiente de contratos con prestadores privados y sin impacto en la reducción futura de la carga de enfermedad.
Este patrón no es accidental. La diálisis es un servicio fácilmente contratualizable, de pago mensual, con flujos financieros estables y previsibles, lo que la vuelve funcional a una gestión pública orientada a la ejecución inmediata del gasto, más que a la planificación sanitaria de largo plazo. El trasplante renal, en contraste, exige inversión inicial, fortalecimiento de equipos especializados, logística compleja, coordinación interinstitucional y una visión estratégica sostenida. Nada de esto ha sido priorizado por el gobierno de Noboa, cuya política fiscal se ha caracterizado por subejecución presupuestaria, improvisación y ausencia de reformas estructurales en el sector salud.
Los datos son elocuentes. Entre 2007 y 2025, Ecuador ha realizado menos de 2.000 trasplantes renales, con un máximo cercano a 300 por año en los mejores momentos, seguido de un colapso durante la pandemia y una recuperación parcial posterior. Estas cifras son claramente insuficientes frente a una población estimada de 20.000 pacientes en diálisis. Mientras tanto, el costo acumulado de mantener a un paciente dializado supera ampliamente el del trasplante renal a cinco y diez años, sin considerar la pérdida de productividad, calidad de vida y dignidad humana asociadas al tratamiento crónico.
La persistencia de este modelo revela una falla política más profunda. Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la política sanitaria ha sido subordinada a una lógica de corto plazo, donde lo importante es ejecutar contratos y contener conflictos inmediatos, no transformar las causas estructurales del gasto. La ausencia de una política decidida de trasplantes no es una limitación técnica ni financiera, sino el resultado de una mala gestión presupuestaria que perpetúa un sistema caro, ineficiente y dependiente.
En este contexto, la diálisis se ha convertido no solo en un tratamiento médico, sino en un dispositivo económico que captura una parte sustantiva del presupuesto público sin resolver el problema de fondo. Mientras no se reordenen los incentivos institucionales y no exista voluntad política real para priorizar el trasplante renal, el Estado ecuatoriano seguirá financiando la enfermedad en lugar de financiar la salud, con costos humanos y fiscales cada vez más difíciles de sostener.