Embargo: El rol del receptor judicial

Описание: La semana pasada vimos que la Fiscalía Metropolitana Sur formalizó a 15 imputados, entre ellos nueve excarabineros y seis civiles, por su participación en una red que realizaba embargos ilegales de vehículos mediante pagos ilícitos y documentos falsificados.

Estos embargos los Carabineros los realizaban bajo órdenes de receptores judiciales falsos y obtenían hasta 220 mil pesos por cada vehículo que les retiraban a las personas.

Desde la otra vereda, uno de los miedos más grandes que tienen los deudores – a quienes se les ha complicado cumplir con sus compromisos de pago - es que una persona llegue al domicilio y les notifique una demanda desde la que pueden desencadenarse diversas acciones como el embargo de los bienes.

Existen varias dudas respecto de quiénes pueden realizar las acciones asociadas al cobro de una deuda. En este contexto, surge la figura del receptor judicial: el funcionario encargado de notificar la demanda, embargar y retirar (incautar) los bienes del deudor.

En el ámbito de las deudas el receptor judicial cumple diversas funciones, descritas en el instructivo que les entrega el Poder Judicial:

-Notificar la demanda de forma personal al deudor.
-Exigir al deudor el pago.
-Llevar a cabo el embargo de bienes que sumen una cantidad suficiente para pagar la deuda.
-Si el deudor se opone a la ejecución, el receptor judicial solicita auxilio a la fuerza pública.
-Formar parte del retiro de las especies embargadas.

DEBERES DEL RECEPTOR
El receptor judicial tiene el deber de actuar como ministro de fe, registrando con precisión todo lo que ocurre durante el proceso, sin emitir opiniones ni tomar partido por ninguna de las partes.

Cuando se trata de una demanda por cobranza, está obligado a entregar personalmente el requerimiento de pago al deudor. Sin embargo, es común que esta notificación se deje en lugares inapropiados, como jardines o espacios comunes, certificando el domicilio mediante la presencia de dos testigos mayores de edad.

A veces, la documentación se entrega en una dirección antigua, debido a cambios de domicilio no actualizados. Esto puede impedir que el demandado reciba la notificación real, lo que vulnera sus derechos y le abre la posibilidad de impugnar legalmente el proceso.

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