CAE MAGISTRADO QUE SALVÓ A URIBE. CORONEL (R) GUZMÁN HUNDE A MATARIFE. PETRO Y CEPEDA: CONSTITUYENTE

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1. ¿Por qué se ha complicado el fallo de segunda instancia que absolvió a Álvaro Uribe Vélez y cómo la investigación en Argentina en contra del susodicho expresidente por los mal llamados Falsos Positivos que son crímenes de lesa humanidad? El proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez atraviesa un momento determinante tanto en Colombia como en el ámbito internacional. En el plano nacional, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió en segunda instancia de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal el 21 de octubre de 2025, revocando una condena previa de primera instancia. Sin embargo, la situación se ha complicado debido a recursos judiciales pendientes y a una investigación en Argentina por crímenes de lesa humanidad.

La decisión de segunda instancia que absolvió a Uribe ha enfrentado nuevos obstáculos jurídicos que impiden que el caso se cierre definitivamente. El caso del Magistrado Carlos Roberto Solórzano es el punto más crítico de la polémica actual. Las víctimas y sus abogados (como Reinaldo Villalba del CAJAR) han planteado que Solórzano debió apartarse del caso por las siguientes razones:

Se reveló que un hijo del magistrado Solórzano trabaja en el despacho del Procurador Jairo Salgado Quintero. El procurador Salgado ha tenido un rol activo en el proceso y, según los representantes de las víctimas, ha mantenido una postura sistemáticamente favorable a las tesis de la defensa de Álvaro Uribe. Las víctimas sostienen que existe un interés indirecto, ya que el superior jerárquico del hijo del magistrado es quien está interviniendo en el proceso. Esto, según la ley colombiana, podría configurar una falta de independencia judicial.

Al Magistrado Merchán se le ha cuestionado por haber participado en decisiones anteriores relacionadas con el caso donde ya había manifestado una visión jurídica que coincidía con la tesis de la preclusión o la absolución. Las dudas sobre la imparcialidad de Manuel Antonio Merchán no se deben a una confusión de nombres, sino a cuestionamientos sobre sus vínculos pasados y familiares.

Organizaciones de víctimas y medios de comunicación como Noticias Uno han señalado que hay Vínculos por afinidad. Se le ha cuestionado por su relación con el exmagistrado Alcibíades Vargas (su concuñado) implicado en casos de corrupción judicial en el Meta, sugiriendo que Merchán pudo haber favorecido intereses familiares en el pasado. Se han mencionado vínculos de su esposa, María Claudia Merchán, con figuras del uribismo en procesos judiciales previos.

Los Abogados de las víctimas presentaron una recusación contra el magistrado Carlos Roberto Solórzano, encargado de resolver la casación. El argumento se basa en una falta de imparcialidad, ya que el hijo del magistrado trabaja en la oficina del representante de la Procuraduría que ha intervenido en el caso, quien ha mostrado una actividad favorable al expresidente.

2. La justicia argentina abrió una investigación contra Uribe bajo el principio de Jurisdicción Universal, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde ocurrieron si no hay justicia efectiva en el país de origen. Se investiga la presunta responsabilidad, autorización o incitación de Uribe en ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) y desapariciones forzadas durante su mandato. La denuncia inicial menciona la cifra de 6,402 casos.

En noviembre de 2025, el Juez Federal Sebastián Ramos archivó la querella inicialmente amparada en la jurisdicción universal. No obstante, las víctimas y organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) presentaron una apelación para buscar que se reabra la investigación. El partido Centro Democrático sostiene con FALACIAS que las acciones del gobierno de Uribe ayudaron a acabar con estas prácticas. Es lo contrario, se multiplicaron por miles. En última instancia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado en comunicados que los "falsos positivos" no constituyeron una política EXPLÍCITA de Estado ligada directamente a la Seguridad Democrática de Uribe; pero que sí hubo en la práctica una responsabilidad estatal, macro-criminal y sistemática con estos hechos.

La Directiva 029 de 2005 es clave: Durante el gobierno Uribe, el Ministerio de Defensa emitió esta directiva que establecía un sistema de recompensas económicas por la captura o muerte en combate de cabecillas de grupos armados. Además de dinero, se ofrecían permisos, vacaciones, condecoraciones y viajes al exterior para los militares que reportaran "resultados" (muertes en combate). Exmilitares que han comparecido ante la JEP coinciden en que existía una exigencia extrema de sus superiores para mostrar "bajas", bajo la amenaza de ser relevados de sus cargos o sancionados si no cumplían con las cuotas esperadas. Por lo tanto, Álvaro Uribe Vélez sí debe responder ética y penalmente por estos hechos y crímenes de lesa humanidad.