"Si algo me pasa a mí o a mi familia, es culpa de Lucas Cañas" Dr. Adolfo Uribe | El Colombiano

Описание: Al concejal le embargaron el sueldo por deuda con cirujano que asegura que él y otros funcionarios de La María le ofrecieron participar en una APP. Invirtió $1.000 millones.

Nada de ordinaria tuvo la clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín ayer domingo, pues desde las gradas del recinto un ciudadano de voz recia denunció a los gritos lo que sería un delicado hecho de estafa que tiene salpicado al saliente concejal conservador Lucas Cañas, al exconcejal Robert Bohorquez y al gerente del Hospital La María, Jaime Garro, y su director científico Santiago Arboleda. Por este hecho, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Oralidad le embargó el sueldo a Cañas.

Quien realizó la denuncia a voz en cuello fue el doctor Adolfo Uribe Mesa, un reconocido cirujano bariátrico de la ciudad con 32 años de experiencia. En diálogo con EL COLOMBIANO, su abogado —el penalista Ricardo Flórez— dio su versión de lo sucedido.

Según Flórez, dado que Bohorquez fue paciente del doctor Uribe, este aprovechó el vínculo para hablarle junto a Cañas de un negocio que le iba dar excelentes frutos. Fue así como en febrero de 2022, el doctor Uribe fue citado a la oficina de la presidencia del Concejo de Medellín, que en ese momento ostentaba Cañas. Allí, aparte de el corporado y Bohorquez estaban, presentes Garro y Arboleda.

“Le ofrecieron una participación en la construcción y el manejo de una Unidad Cardiovascular y de Hemodinamia que se construiría en La María bajo la figura de Alianza Público Privada (APP), y en la que el doctor sería el inversionista privado. Como el doctor está pensando en su retiro se ganaron su confianza para que invirtiera $1.000 millones a cambio de un 10% en el negocio, en el que el propietario sería Cañas y Bohorquez tendría el 5%”, explicó Flórez.

En la reunión, según el abogado y el doctor, Garrido y Arboleda le dieron garantías del supuesto negocio. “Tuvieron la osadía de llevar al doctor a La María, le señalaron el bloque donde estaría la Unidad. Tuvieron el descaro de enviarle una cotización de un equipo que estaría allí”, dijo Flórez. Según el penalista y el médico, Uribe entregó el dinero vía cheques y efectivo a Bohorquez y a las personas que Cañas señaló.

Para el abogado, una de las cosas que puso a dudar al médico fue que en ningún momento le fue entregado un documento de la Agencia APP de Medellín o de otra entidad pública, teniendo en cuenta el índole público del hospital que avalara el negocio. Ante su insistencia le dieron un contrato de cuentas en participación suscrito entre el doctor —como socio— y el sindicato Famysalud (ligado a Cañas y su familia) como gestora del capital.

“El doctor lo firmó pero una vez se dió cuenta que no estaba firmado por Cañas le reclamó. Cañas decía que él no podía firmarlo por ser funcionario público. Como a la tercera vez del doctor insistir, Cañas no volvió a mandar ese contrato. Pero el doctor alcanzó a tomarle fotos”, dijo Flórez.

Para galeno y abogado el asunto empezaba a oler mal teniendo en cuenta que una APP debe cumplir una serie de pasos que acá no se cumplieron, según el abogado. De hecho, el doctor indicó que en algún momento Cañas y el gerente Garro indicaron que ellos serían la parte contractual pública y que el galeno sería el inversionista privado, hecho a todas luces irregular.

Pero, la situación se volvió insostenible cuando luego de casi 10 meses y por lo menos tres fechas fallidas, nada que arrancaba la construcción de la Unidad. “En nuestras indagaciones hasta en los ministerios de Salud y de Hacienda, incluso en la misma La María, nos dijeron que dicha Unidad no existe ni ha existido. Nos dijeron que sí fue un plan a futuro que fue discutido en octubre de 2021, pero que no había pasado de ser una idea. Tras responder esto La María se desvinculó pero no han dicho por qué Cañas sabía del proyecto”, comentó el abogado.

En plena campaña electoral el médico le hizo el reclamo de lo que calificó como estafa a Cañas. Según Uribe y Flórez, el concejal —esperando no verse en un escándalo en medio de la contienda política— se comprometió a restituir el dinero y los rendimientos prometidos, sumando $1.300 millones. Para ello aportó un pagaré de $950 millones exigible el 15 de noviembre, así como $100 millones en efectivo y un vehículo de su propiedad.

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