Abogado de Jimmy Pflücker se pronuncia sobre informe de la UIF

Описание: El abogado Eduardo Roy Gates, defensa legal de la empresa, denunció un ataque sistemático desde el año 2021.

Los asesores legales de Paltarumi SAC negaron de manera categórica las conclusiones de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguros, que la vincula con presunto lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Según el abogado Eduardo Roy Gates, defensa legal de la empresa, el documento contiene afirmaciones falsas y ha generado un perjuicio directo al motivar el cierre de cuentas bancarias y la apertura de una investigación preliminar.

El informe de la UIF sostiene que Paltarumi SAC habría exportado cerca de 544 millones de dólares entre los años 2024 y 2025 con un supuesto origen ilícito, una afirmación que no se ajusta a la verdad. Precisamente, el abogado Eduardo Roy Gates aseguró que la empresa no tiene ninguna investigación vigente por lavado de activos y precisó que la única indagación que enfrentó fue en el año 2021, relacionada a un pago de 80 mil dólares, la cual fue archivada ese mismo año al no encontrarse irregularidades.

Otro de los cuestionamientos del informe de la Unidad de Inteligencia Financiera señala transferencias por más de 32 millones de dólares a personas con investigaciones o antecedentes por minería ilegal. Frente a ello, la defensa legal de Paltarumi SAC indicó que la empresa no tiene acceso a los sistemas del Ministerio Público para conocer la situación legal de terceros y recordó que toda persona mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme en su contra.

MEDIDA ARBITRARIA

El abogado de Paltarumi SAC calificó como arbitrario el cierre de cuentas bancarias dispuesto por entidades financieras sin mandato judicial, advirtiendo una posible vulneración de derechos fundamentales. Además, no descartó que detrás de estos cuestionamientos exista un “ataque sistemático” de otros actores del sector minero, por lo que invocó la intervención de la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la Contraloría para investigar el accionar de la UIF.

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